Cuestionan filtraciones, alertas migratorias y aparatajes; afirman respeto valida la lucha anticorrupción
La actual gestión de la Procuraduría General de la República que encabeza Miriam Germán, es el principal foco de atención del país no solo por el interés intrínseco que genera el sometimiento a la justicia de casos diversos, sino porque una de las principales apuestas del gobierno del presidente Luis Abinader es la independencia del Ministerio Público.
Sin embargo, la filtración de detalles de casos a periodistas y medios de comunicación, el impedimento de salida del país de manera irregular del exprocurador Jean Alain Rodríguez y la denuncia de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de que es víctima de acoso laboral por la Inspectoría del Ministerio Público, empiezan a generar ruidos sobre el accionar de las autoridades en temas como el respeto al debido proceso y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El caso que más mal parada dejó a la Procuraduría fue el de Rodríguez, pues la propia titular de la institución reconoció que el acto fue ilegal y que habría dispuesto una investigación interna para sanciones disciplinarias por ese accionar. Antes de que el caso se conociera en detalles, las fotos del exprocurador en apuros en el Aeropuerto Internacional de las Américas fueron difundidas en las redes sociales.
En una comunicación, Germán Brito explicó que instruyó para que las alertas migratorias ya no tuvieran efecto, y que se lo comunicó al director de Migración, Enrique García, quien estuvo de acuerdo, sin embargo, Yeni Berinice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no la secundaron.
Reveló que en ese encuentro participaron “dos funcionarios que no son del área judicial”.
Hasta ahora, la Procuraduría no ha informado sobre el avance de esa investigación ni de las sanciones disciplinarias contra quienes autorizaron impedir la salida del país de Rodríguez.
Hace dos semanas, la fiscal titular del Distrito Nacional acusó al inspector del Ministerio Público, Juan Medina, de acoso laboral. Según la versión de Ramos, la causa es su participación en medios de comunicación y que eso violaría el reglamento interno de la institución. La Inspectoría confirmó que hay una investigación contra Ramos por el caso del narcotraficante César Emilio Peralta, el Abusador. Ramos desmintió que esa fuera la causa de su citación, se inhibió en el caso de narcotráfico y recusó a Medina para que asignen otro fiscal que investigue su caso.
Otras acciones de la Procuraduría que han generado críticas son “los aparatajes para el apresamiento de personas” acusadas de corrupción, el uso de esposas y ponerle apodos a los casos.
El jurista Nassef Perdomo y el director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), Harold Modesto, opinan sobre los ruidos que se han generado en la Procuraduría.
Modesto sostuvo que el Ministerio Público debe tener la capacidad en los procesos penales de alcanzar los objetivos de la persecución sin perder de vista los derechos fundamentales de las personas. “El Código Procesal Penal cumple 17 años de implementación el 27 de septiembre de este 2021, sin embargo, persisten las mismas preocupaciones relativas al hecho de que el sistema de justicia penal no ha desarrollado los resortes que permitan controlar las actitudes populistas que, en gran medida, se evidencian en el uso abusivo de la prisión preventiva como lo revelan importantes informes de organismos internacionales”, sostuvo.
Agregó que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una prioridad nacional y que estará validada en la medida en que se respeten los derechos.
“La presentación de imputados a los medios de comunicación bajo la sindicación de culpable para construir en la opinión pública un estereotipo; la indisposición estratégica de los medios de prueba para generar un estado de indefensión en los imputados ante la brevedad del tiempo de preparación de las medidas de coerción en los casos complejos; en fin, una serie de conductas que a la larga erosionan la institucionalidad y terminan por demoler las bases que legitiman la acción estatal”, subrayó.
Sostuvo que las prácticas autoritarias, aún en nombre de la lucha contra la corrupción, han sido la puerta de entrada a una crisis que no ha sido ni será resuelta “judicialmente”, que es la crisis de gobernabilidad .
Reflexionó que la ciudadanía, al final sabe que la realidad debe reflejar una búsqueda permanente del estado ideal del ejercicio de derechos.
De su lado, Perdomo dijo que el problema en República Dominicana es que el sistema de justicia penal fue reformado en su aspecto jurídico, pero las prácticas siguen siendo las mismas anteriores a la reforma. “Eso incluye a todos los actores del sistema, incluyendo a los jueces. Las estadísticas no mienten, la prisión preventiva está a niveles muy cercanos a los anteriores a la reforma. A esto se ha sumado en los últimos años una intensa presión mediática y social amplificada por las redes sociales, que más que juicios con debido proceso, quiere condenas seguras para todo aquel que sea señalado como corrupto, con pruebas o sin ellas”, advirtió.
Sostuvo que esa situación genera un clima en el que los derechos de los imputados están en grave riesgo. “Lo que el país necesita es respeto a las leyes por todos, seamos miembros del sistema de justicia o no. Lo contrario sólo puede traernos más problemas a corto, mediano y largo plazo”, advirtió Perdomo.
El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en declaraciones recientes recogidas por varios medios de comunicación como Noticias SIN, advirtió sobre los aparatajes. “Hay que cuidar los casos, hay que cuidar el ambiente, y la buena reputación de los magistrados debe ser cuidada. Yo no soy partidario de identificar estas operaciones con nombres que puedan afectar la dignidad de los imputados”, señaló.
